Tenemos que encontrar una poesía vibrante al hecho de pagar impuestos, una emoción estética a la fiscalidad, un sentimiento positivo al IRPF y al IVA, porque son la principal garantía del Estado democrático, el principal y casi único instrumento de redistribución de la riqueza. Las diferencias sociales se reequilibran en alguna medida a través de los impuestos y los servicios públicos que derivan de ellos. El pacto social consiste –o consistía—en que los ciudadanos sostienen al Estado con sus impuestos y el Estado asegura los servicios que necesitan los ciudadanos: educación, sanidad, transportes públicos, protección social. Por consiguiente los contribuyentes
reciben aquello que han pagado previamente vía impuestos. Los impuestos adolecen de una mala imagen histórica entre las escarmentadas clases trabajadoras, porque el sistema fiscal ha sido a menudo sencillamente indecente, como lo es en la actualidad. Graba más al trabajo que al patrimonio, tasa más al dinero trabajado que a las plusvalías del dinero acumulado, heredado o evadido. El gobierno puede disponer en todo momento de los ingresos de los asalariados, pero no de las fortunas de los ricos. Cada día somos menos a pagar más para sostener un sistema que nos estrangula. El fraude fiscal se multiplica por la escasa solidez de la maquinaria administrativa y de la ejemplaridad de la justicia. La carga fiscal recae de lleno en los asalariados, quienes no tienen escapatoria ante las retenciones directas, mientras las profesiones liberales declaran menos de lo que ingresan y las clases altas dominan los vericuetos de la evasión al por mayor.
Los expertos estiman que la economía sumergida representa en Europa entre un 10 % en los países escandinavos y un 30 % en los mediterráneos. Es probable que en algunos países mediterráneos --no solo en Grecia-- lo que el Estado deja de ingresar por culpa de la economía sumergida y del bajo nivel de ética que significa represente un importe similar al déficit anual del sector público. Con una moderna reforma fiscal y una actuación decidida contra la evasión se resolverían muchas de las actuales deudas. Es una de las pocas vías posibles para resolverlas.
Trasladar una parte de la presión fiscal a les clases altas proporcionaría al Estado los mismos ingresos tributarios que ahora y estimularía la actividad económica de la más amplia clase media, lo que acabaría repercutiendo en más recaudación. Exigiría el coraje de recortar privilegios a los mejor situados, en vez de recortarlos a los trabajadores, a los funcionarios y a los pensionistas. Por eso la presión reequilibrada de los impuestos debe ser la gran reivindicación de los pobres, su principal y casi única esperanza, una vez agotada la vía del endeudamiento a través de nuevos préstamos y desvanecida la inversión privada. La clave radica en la reformulación de lo ingresos fiscales, de la estructura tributaria.
La magnitud del problema pasa por modernos despachos y prestigiosos circuitos internacionales de “ingeniería fiscal”. Los paraísos fiscales se renuevan con toda tranquilidad, mientras sigue sin haber alianza fiscal entre los miembros de la Unión Europea, como no hay política unitaria en tantos otros aspectos fundamentales. La unión monetaria europea es incompleta, la unión fiscal inexistente. Este último mes de agosto el diario alemán Frankfuter Allgemeine Zeitung publicaba que las autoridades de aquel país están investigando a los bancos suizos UBS y Julius Bär, sospechosos de trasladar fortunas alemanas depositadas fraudulentamente en cuentas suizas hacia entidades bancarias del nuevo paraíso fiscal de Singapur, quien habría recibido de esta forma 500.000 millones de dólares durante los meses anteriores. El presidente del Partido Social-demócrata alemán, Sigmar Gabriel, acusó a la banca suiza de utilizar métodos propios del “crimen organizado” para favorecer la evasión fiscal alemana. En el mismo momento el gobierno de Estados Unidos encargaba investigar a las principales empresas norteamericanas de capital riesgo por presunta participación en estrategias de evasión de impuestos. Eso se producía en Alemania y Estados Unidos este agosto de 2012, no en un remoto pasado ni en los criticados países mediterráneos. El volumen de corrupción, de juego sucio, es proporcional al tamaño de las finanzas de cada país.
reciben aquello que han pagado previamente vía impuestos. Los impuestos adolecen de una mala imagen histórica entre las escarmentadas clases trabajadoras, porque el sistema fiscal ha sido a menudo sencillamente indecente, como lo es en la actualidad. Graba más al trabajo que al patrimonio, tasa más al dinero trabajado que a las plusvalías del dinero acumulado, heredado o evadido. El gobierno puede disponer en todo momento de los ingresos de los asalariados, pero no de las fortunas de los ricos. Cada día somos menos a pagar más para sostener un sistema que nos estrangula. El fraude fiscal se multiplica por la escasa solidez de la maquinaria administrativa y de la ejemplaridad de la justicia. La carga fiscal recae de lleno en los asalariados, quienes no tienen escapatoria ante las retenciones directas, mientras las profesiones liberales declaran menos de lo que ingresan y las clases altas dominan los vericuetos de la evasión al por mayor.
Los expertos estiman que la economía sumergida representa en Europa entre un 10 % en los países escandinavos y un 30 % en los mediterráneos. Es probable que en algunos países mediterráneos --no solo en Grecia-- lo que el Estado deja de ingresar por culpa de la economía sumergida y del bajo nivel de ética que significa represente un importe similar al déficit anual del sector público. Con una moderna reforma fiscal y una actuación decidida contra la evasión se resolverían muchas de las actuales deudas. Es una de las pocas vías posibles para resolverlas.
Trasladar una parte de la presión fiscal a les clases altas proporcionaría al Estado los mismos ingresos tributarios que ahora y estimularía la actividad económica de la más amplia clase media, lo que acabaría repercutiendo en más recaudación. Exigiría el coraje de recortar privilegios a los mejor situados, en vez de recortarlos a los trabajadores, a los funcionarios y a los pensionistas. Por eso la presión reequilibrada de los impuestos debe ser la gran reivindicación de los pobres, su principal y casi única esperanza, una vez agotada la vía del endeudamiento a través de nuevos préstamos y desvanecida la inversión privada. La clave radica en la reformulación de lo ingresos fiscales, de la estructura tributaria.
La magnitud del problema pasa por modernos despachos y prestigiosos circuitos internacionales de “ingeniería fiscal”. Los paraísos fiscales se renuevan con toda tranquilidad, mientras sigue sin haber alianza fiscal entre los miembros de la Unión Europea, como no hay política unitaria en tantos otros aspectos fundamentales. La unión monetaria europea es incompleta, la unión fiscal inexistente. Este último mes de agosto el diario alemán Frankfuter Allgemeine Zeitung publicaba que las autoridades de aquel país están investigando a los bancos suizos UBS y Julius Bär, sospechosos de trasladar fortunas alemanas depositadas fraudulentamente en cuentas suizas hacia entidades bancarias del nuevo paraíso fiscal de Singapur, quien habría recibido de esta forma 500.000 millones de dólares durante los meses anteriores. El presidente del Partido Social-demócrata alemán, Sigmar Gabriel, acusó a la banca suiza de utilizar métodos propios del “crimen organizado” para favorecer la evasión fiscal alemana. En el mismo momento el gobierno de Estados Unidos encargaba investigar a las principales empresas norteamericanas de capital riesgo por presunta participación en estrategias de evasión de impuestos. Eso se producía en Alemania y Estados Unidos este agosto de 2012, no en un remoto pasado ni en los criticados países mediterráneos. El volumen de corrupción, de juego sucio, es proporcional al tamaño de las finanzas de cada país.
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