El recorte de las pensiones no parece un tema prioritario de futuro del país

Este artículo también ha sido publicado en Eldiario.es, sección Catalunya Plural

La decisión del gobierno central de aplicar durante el 2015 por segundo año consecutivo la mínima revaloración legal posible del 0,25% a las pensiones de jubilación ha aparecido esta semana en los medios de comunicación con un espacio secundario, frente a otras noticias de portada que consideran más transcendentales y épicas. En cambio, tengo la impresión que la auténtica noticia destacada para el futuro del país es esa: la condena de muchos jubilados a la precariedad, del mismo modo como el gobierno
central y el gobierno autonómico han recortado tantos otros servicios públicos, mientras sus dirigentes y los grandes titulares se ocupan con insistencia de otros asuntos.

Resulta indigno el trato económico reservado a los pensionistas que no han recibido ninguna herencia en Suiza ni en Andorra. El número de jubilados ha pasado los últimos diez años en toda España de 7,9 millones de personas a 9,1 millones, un incremento del 15,7% en una sola década (se calcula que alcanzarán los 15 millones en 2050). El canciller Bismarck pagó en 1881 la primera pensión pública de jubilación a los ciudadanos prusianos, cuando solo un tercio de la población total lograba superar los 65 años. En España lo hizo el Seguro Obrero en 1919, cuando la proporción de jubilados era aquella misma. Hoy más del 90% de la población consigue vivir más allá de los 65 años. En España los pensionistas significan actualmente 9,1 millones de personas y de votos en las elecciones. 

La media estadística de la pensión de jubilación en toda España se sitúa en 1.069,48 € mensuales para los hombres y 660,64 € las mujeres, en función de los importes cotizados. Sin embargo esa media estadística oculta enormes desequilibrios entre el número de perceptores de la pensión máxima de 2.550 € y la mínima de 150 a 550 €. La desproporción entre lo que ganaban y cotizaban mientras se encontraban laboralmente en activo es aguda (bastante menos de la mitad), del mismo modo que la pensión media es sensiblemente inferior al salario medio estadístico. Un 77 % de los pensionistas de toda España no llegan a la condición de mileurista. Son los inframileuristas. Algunos estudios aseguran que uno de cada cuatro hogares del país vive exclusivamente de la pensión de jubilación. 

El actual gobierno de mayoría absoluta del PP reformó el año pasado por ley las pensiones de jubilación y decidió desvincularlas del aumento anual del Índice de Precios al Consumo (IPC). Es decir recortó las pensiones igual como ha recortado todos los demás sectores básicos. Los reducidos aumentos anuales previstos, como el 0,25% que aplicarán de nuevo en 2015, significarán una pérdida acumulada del 30% al 50% del poder adquisitivo de las pensiones durante los próximos quince años, según los cálculos de les organizaciones sociales y sindicales, dado que no bajarán los precios de la electricidad, la cesta de la compra, el transporte ni las medicinas. 

Si en el futuro regresasen los hipotéticos años de bonanza económica, no revertirán la tendencia si no se cambia la ley. El gobierno del PP confía en que los futuros jubilados complementen des de ahora la menguada pensión con un fondo privado, lo que equivale a privatizar gradualmente el sistema de pensiones y el derecho a una vejez digna para todos. En el momento de aprobarse la ley que recorta el poder adquisitivo de las pensiones, un diario tan ponderado como La Vanguardia tituló el 22 de setiembre de 2013 a toda página: “La reforma de las pensiones abre la puerta a recortes sin precedentes”. Uno de los títulos secundarios insertos en el texto del artículo precisaba: “El objetivo es llegar a un equilibrio en la Seguridad Social, pero pagan los débiles”. Otro artículo del diario El País tituló el 17 de setiembre de 2013, también a toda página: “Recorte de 33.000 millones en pensiones”. 

La vejez no es una etapa de la vida forzosamente penosa y mínima, sino una época caracterizada por otro tipo de libertad y de ocio, incluso por otro tipo de trabajo y de amor. Empobrecer a los pensionistas, como han empobrecido a los parados, significa negarles el derecho a una vejez digna, tras haberles negado el derecho a un trabajo digno. Significa, en definitiva, aumentar la desigualdad entre los antiguos trabajadores y los rentistas del capital, que es el auténtico objetivo logrado de la actual crisis. 

No sé si tendrán algo qué decir al respecto los numerosos cargos bien remunerados del Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional y tantas otras instancias políticas centrales y autonómicas, que estos días se agitan con diligencia. Me refiero a algo que decir con efectos prácticos y medidas de aplicación inmediata a favor de los 9,1 millones de pensionistas recortados, aunque no lo consideren noticia de primera página.