12 feb. 2015

La flota de coches oficiales no debería existir, sencillamente

Este artículo también se ha publicado en Eldiario.es, sección Catalunya Plural

Casi cada mañana veo entre las 8h y las 9h en la plaza Tetuán de Barcelona, cerca de la esquina con la calle Diputación y junto a la boca del metro “Tetuán”, un coche oficial con chófer que espera pacientemente a la puerta de su domicilio la aparición del conseller de Sanidad de la Generalitat, Boi Ruiz, para conducirlo al trabajo en carroza que pagamos entre todos. Casi cada mañana me indigna la escena y me pregunto por qué el ciudadano Boi Ruiz no puede utilizar la parada del
metro o de autobús que tiene en la misma puerta de casa, como hacemos miles de otros contribuyentes. La justificación funcional del coche oficial en el mundo de hoy es nula. Representa más bien una reminiscencia del antiguo régimen (me refiero al de antes de la Revolución Francesa de 1789) y resulta escandalosa en las condiciones actuales de recortes. La irritante escena de casi cada mañana en la plaza Tetuán se repite en múltiples puntos de la ciudad, a favor de la cantidad de políticos y altos funcionarios que disponen de coche oficial a cuenta del erario público, sin contar los altos ejecutivos de empresas privadas.
La partida presupuestaria dedicada a este “servicio” nunca se hace explícita, embozada dentro de las demás. Algunos pretenden que se trata de una gota de agua en el océano. No lo aseguraría. En cualquier caso, se trata de una gota de agua fuertemente simbólica. El nuevo gobierno griego, como es natural, acaba de suprimirla como una de las primeras medidas llámenla simbólica de su mandato. 
El coche oficial debe desaparecer del mundo actual, no solamente reducir el número. Su sola existencia, multiplicada y ostentosa, constituye una afrenta a la calidad del sistema democrático. El gobierno central anunció en junio de 2013 que estos vehículos disminuirían de 930 a 630 y los chóferes oficiales en nómina de 1.0002 a 852 personas, sin precisar a qué organismos en concreto implicaba. 
Durante el gobierno tripartito de izquierdas, la Generalitat de Catalunya contrató en 2008 por concurso público a la empresa de taxis de lujo Litoral Limousines para atender los desplazamientos en coche oficial de más de 200 altos cargos, una vez desbordada la capacidad de horas extras de la plantilla de 133 conductores oficiales en nómina por aquel entonces en el gobierno autonómico. El contrato de refuerzo, inevitablemente publicado a raíz del concurso público, era para dos años y ascendía a 1.152.000 euros. 
Un total de 34 altos cargos de la Generalitat tenían derecho en aquel momento a coche y chófer oficial cada día a plena disposición, mientras que otros 200 lo podían requerir en función de sus necesidades diarias. Disponían de coche oficial de la Generalitat los presidentes y ex presidentes, los consellers, los siete delegados del Govern a lo largo del territorio, los secretarios generales y sectoriales de cada conselleria, los directores generales o cargos asimilados y el personal de apoyo que les acompaña en sus desplazamientos de trabajo, además de los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. 
Una actualización de dichos datos sería de gran interés, más aun si se publicasen de forma transparente y englobasen a todos los coches oficiales y paraoficiales en actividad en las distintas administraciones públicas, no solo los que dependen de la presidencia del gobierno central o del autonómico. Los gestos simbólicos de ahorro público representan tal vez pequeñas cantidades dentro de los gastos generales, pero la política también se hace con gestos simbólicos.

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