Se cumplen cincuenta años y un día pagando peaje en la autopista

El 26 de junio de 1970 el general Franco inauguró oficialmente el tramo de la autopista AP-7 de Cardedeu a Maçanet de la Selva (desde un año antes estaba en servicio el de Barcelona a Granollers). Tan solo un año más tarde ya unía Barcelona con Girona y en 1976 con la frontera francesa. Nadie ha celebrado la efemérides: llevamos pues cincuenta años pagando al concesionario privado de esta obra pública a través de un contrato por treinta y cinco años que especificaba que serían improrrogables, pero que se prorrogaron hasta 2021. En paralelo, medio siglo no ha sido suficiente para concluir la puesta al día o desdoblamiento de la carretera Nacional II en las mismas comarcas. En 2017 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó al Estado a indemnizar con 1.494 millones de euros a la compañía de autopistas Abertis. La
resolución judicial destapó una vez más el mecanismo perverso por el cual las grandes empresas privadas concesionarias de servicios públicos no asumen el riesgo inherente a cualquier negocio y obligan por contrato previo la la administración a indemnizarlas en caso de no alcanzar las expectativas previstas de rendimiento de sus inversiones. Si estas expectativas aumentan, negocio redondo para el concesionario. Si disminuyen, esus intereses se ven igualmente cubiertos por el erario público.

La campaña “Basta peajes. No Queremos Pagar” sumó numerosos adeptos con gran rapidez el año 2012 en las autopistas catalanas, pero no encontró suficiente apoyo político parlamentario y se extinguió con la misma rapidez. Catalunya tiene el escaso honor de contar desde 1969 con la autopista de peaje más antigua de toda España.