Condenado por una “casta de burócratas al servicio de la venganza institucional”

El juez Garzón a la entrada del tribunal

El poder judicial se escuda en el idioma codificado que solo él domina para justificar con las leyes en la mano la condena a once años de inhabilitación y la expulsión de la carrera judicial del juez Baltasar Garzón, culpable de autorizar las escuchas telefónicas de las conversaciones entre los encarcelados por un caso de corrupción y sus abogados. Nadie lo entenderá. El Tribunal Supremo que ha dictado la sentencia tal vez piensa que no es necesario que se le entienda, solo que se le acate. Podrá llenar miles de páginas con sus

razones, pero nadie lo entenderá, y eso es lo peor que le puede ocurrir a una justicia democrática. No solo no se entenderá su sentencia, sino que muchos la considerarán tremendamente discutible y probablemente parcial, y eso sigue siendo lo peor que le puede ocurrir a una justicia democrática. El Tribunal Supremo español se ha cubierto de gloria.

Una de las primeras reacciones, entre los miles que se producirán, ha sido la del ex Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, con palabras durísimas en los micrófonos de la Cadena Ser: “A partir de un tribunal que es nulo, de una sentencia que carece de fundamentos rigurosos y la culminación de una venganza institucional, es un día para estar abochornado. El Supremo es un tribunal arrodillado a la corrupción que representa Gurtel; hoy es un día de vergüenza para el sistema democrático, judicial y para el Tribunal Supremo. Nunca podrán perdonar a un juez como Garzón, que ha ordenado la detención de Pinochet, que ha girado 180 grados la justicia universal, que ha puesto en marcha los mecanismos de la persecución de la delincuencia financiera, que ha hecho frente como nadie al terrorismo de Estado de los GAL o que ha impulsado como nadie lo que ahora estamos viviendo como el final del terrorismo de ETA”. 

Jiménez Villarejo ha añadido que los jueces del Supremo són una "casta de burócratas al servicio de la venganza institucional. Esta sentencia es un balón de oxígeno para la corrupción imperante en España y una coerción expresa a cualquier magistrado que decida acordar un sistema de investigación legítimo como son las escuchas telefónicas. Es una tragedia para la magistratura, para el poder judicial y para el sistema democrático”. Según Jiménez Villarejo, la sentencia "es sesgada, errónea y con una profunda maledicencia. Defendiendo al juez Baltasar Garzón estamos defendiendo los derechos humanos del atropello del Tribunal Supremo, que no es digno de llamarse ni supremo ni tribunal”.