La inversión preventiva en armamento o en sanidad no tienen comparación

Los ejércitos actuales se nutren de aparatos de un elevado coste de fabricación, mantenimiento y renovación, cuyo principal objetivo es no tener que ser utilizados en la vida real y servir solo para ejercicios de entrenamiento o maniobras preventivas. Este mismo principio no se aplica a las inversiones en medicina preventiva de la sanidad pública, por ejemplo en defensa contra posibles epidemias, como se ha demostrado estos días con la insuficiencia de algunos materiales sanitarios bàsicos. Los ejércitos se han modernizado en muchos aspectos, también el coste que representan para el presupuesto público, aunque una guerra convencional con el armamento actual sea más improbable en los países europeos que la aparición
de epidemias. Tan solo cuatro de los veintisiete países de la Unión Europea (Reino Unido, Grecia, Lituania y Estonia) alcanzan el objetivo del 2% del PIB destinado a presupuesto militar, como desean la OTAN y Estados Unidos (principal fabricante y exportador del ramo). A pesar de ello, la factura militar resulta astronómica en cada país.

Por poner solo los últimos ejemplos, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó en diciembre de 2018 tres programas de compra de armamento por 7.300 millones de euros (fragatas, vehículos blindados, aviones Eurofighter). Venía a sumarse a la decisión anterior del mismo gobierno de dedicar 12.100 millones de euros a la renovación de submarinos, satélites de comunicaciones de uso militar y helicópteros. En julio de 2019 aprobó un contrato con Santa Bárbara Sistemas (propiedad de la norteamericana General Dynamics) para la compra de 446 carros blindados por 2.083 millones de euros.

En paralelo, en junio del 2019 el gobierno acordó el primer aumento de efectivos de las Fuerzas Armadas (7.000 militares más) desde la instauración de la democracia, el final de la mili obligatoria y la profesionalización del ejército. La ley española en vigor sitúa la cifra máxima de efectivos militares entre 130.000 y 140.000 personas.

No hay cifras disponibles y comparables sobre la inversión presupuestaria en sanidad pública por lo que respecta a previsión y defensa ante posibles epidemias.