Solo con que mejoren los geriátricos, la experiencia habrá servido de algo

La pandemia ha revelado la situación escandalosa de una parte importante de las residencias de tercera edad, más aun que la falta de previsión epidemiológica del sistema general de salud o la insuficiencia de las instalaciones hospitalarias disponibles. Clama al cielo la falta de respeto, la afrenta a la dignidad que padecida por los ancianos residentes en una proporción intolerable de esos centros mal legalizados, mal supervisados y mal financiados por la administración pública, hasta el extremo que en Catalunya han debido cambiar de tutela en plena crisis, de la conselleria de Asuntos Sociales a la de Salud. Las personas que
desde antes de la pandemia conocimos por dentro algunas de estas residencias porque teníamos familiares en ellas, comprobamos que son deficientes y carísimas. Deficientes por las instalaciones inadecuadas y porque el personal escaso y mal pagado hace lo que puede, en detrimento de la calidad de vida de los usuarios. Carísimas porque la pensión de jubilación ni siquiera alcanza a cubrir la tarifa de ingreso y es preciso recorrer a subvenciones menguadas y lentas.

A partir de ahora ya no valdrá que las administraciones central y autonómica mantengan el juego impúdico de pasarse la pelota sobre la financiación pendiente. La situación de los últimos meses ha dejado al descubierto una de las peores vergüenzas de cualquier país civilizado: la humillación sostenida y comprobada infligida a sus ancianos. 

Las residencias geriátricas deben ser la niña de los ojos de una sociedad democrática, el termómetro de su dignidad colectiva, el fiel de la balanza del contrato social entre gobernantes electos y gobernados que pagamos imouestos para que los administren en bien de la comunidad. Para ello es preciso revisar la legislación sobre las condiciones mínimas de esos centros y la parte de financiación de la administración. Pero antes que nada es preciso tener un mínimo de vergüenza.