El derecho básico a una vivienda digna, reconocido explícitamente en el artículo 47 de la ley suprema que es la Constitución vigente, se ha visto transformado por el actual sistema económico en uno de los principales detonantes de la crisis a través de la especulación financiera, la burbuja inmobiliaria y la complicidad bancaria. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha puesto sobre la mesa el drama de los desahucios y las triquiñuelas de la letra pequeña de los contratos hipotecarios por parte de las entidades de crédito. La PAH se ha quedado corta, porque el derecho básico y constitucional a una vivienda digna presenta una segunda cara igualmente dramática: el coste en aumento de mantener esas viviendas en cuanto a los suministros asociados de electricidad, gas, agua,
