Cualquier visitante de Andorra todavía puede sorprenderse hoy con facilidad a pie de carretera ante alguna de las 300 plantaciones de tabaco del país, matas bajas de enorme hoja verde muy difíciles de ver en sus comarcas de origen. Durante largas décadas el tabaco fue el eje de la economía del país pirenaico y de los lobbys de su política. El síndic o primer ministro Julià Reig era “el rey del tabaco”, sucedido en el cargo por su sobrino Oscar Ribas Reig. Los precios subvencionados del tabaco cultivado en Andorra son políticos y no guardan relación con la calidad ni el destino final, que es ser destruido en más de un 90%. Los fabricantes locales de marcas internacionales no pueden importar el tabaco que necesitan hasta que hayan
comprado toda la producción interna, lo cual cosa favoreció la extensión de las plantaciones, hasta una cosecha inútil de 800 toneladas anuales.
Otra cosa es el contrabando de los farderos por la veintena de pistas forestales practicables que unen Andorra con Catalunya, asegurado actualmente por comitivas furtivas de vehículos todo terreno. Un exconseller de Gobernación de la Generalitat originario de La Seu d’Urgell fue detenido en 2012 por un delito continuado de contrabando de tabaco en banda organizada (el delito coincidió con el ejercicio del cargo al menos durante seis meses, antes de cesar en 2010) y condenado a cuatro años de cárcel.
El Libro Blanco sobre el tabaco publicado en 1979 por el Consell General de Andorra afirmaba sin tapujos: “El cultivo del tabaco estaba basado en la posibilidad existente a través del contrabando de destinarlo a los países vecinos”. En efecto, la producción equivale a que cada residente andorrano fume siete cajetillas diarias.
Los principales tabaqueros se convirtieron en banqueros. La legislación andorrana volvió a favorecer un nuevo eje económico: un sistema financiero sin proporción con el movimiento monetario local, abocado a la actividad de refugio de la evasión fiscal de los vecinos.
Las autoridades andorranas se han esforzado en borrar al país de la lista de paraísos fiscales y del blanqueo de dinero, después de que en 2009 la Unión Europea se lo exigiera. Oficialmente empezó a desaparecer su secreto bancario a fin de que el dinero no declarado tuviese tiempo de regularizarse. En 2012 el gobierno español del PP decretó una amnistía fiscal en la misma dirección.
Sin embargo el gobierno andorrano tuvo que intervenir en 2015 la Banca Privada d’Andorra (BPA), la tercera entidad financiera del país, propiedad de la familia Cierco, tras ser acusada formalmente por el gobierno de Estados Unidos de canalizar y blanquear dinero procedente del crimen organizado a cambio de sobornos percibidos por sus directivos. Es el mismo banco en que el expresident Jordi Pujol y su familia reconocieron haber operado con cuentas secretas durante más de tres décadas.
Las grandes fortunas andorranas se han convertido en poderosos grupos inversores a Barcelona, Madrid y París: Reig Capital (familia Reig), Andosins Capital (familia Cerqueda, en 2001 su banco se fusionó con la Banca Reig para crear el actual Abndbank, segundo del país después de Crèdit Andorrà), Armor y Amura (familias Mora y Aristot), Molines Patrimonis (familia Cardelús Maestre), etc.
El minúsculo país contaba 5.000 habitantes en 1930, 14.000 en 1960 y 77.000 en la actualidad. Recibe cada año 12 millones de visitantes. El exiguo territorio, tan encajonado, no ha crecido.
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