11 jul. 2016

La búsqueda de la fosa de García Lorca no es un folletín, pero se parece

En noviembre del pasado año el diario La Vanguardia publicó que estaba a punto de iniciarse el tercer intento desde 2009 de localizar la fosa común en que fue enterrado Federico García Lorca, fusilado por los franquistas a las afueras de Granada el 17 de agosto del 1936. La operación se hallaba pendiente de un último permiso de la Junta de Andalucía al equipo internacional dirigido por el historiador Miguel Caballero y el arqueólogo Javier Navarro, que trabajan sin apoyo oficial y con fondos propios procedentes de donaciones y micromecenazgos. Es el mismo equipo que llevó a cabo el segundo intento entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, cuando la excavadora fue requerida per limpiar la nieve de la autovía vecina y no volvió. La misma noticia del tercer intento se vio de nuevo desplegada en El Periódico el 18 de abril pasado, sin que aquel último permiso pendiente hubiese llegado
todavía. Ha sido repetida por La Vanguardia del 3 de julio, a doble página y lujo de detalles, aunque el permiso no se ha materializado ni los trabajos han arrancado. La búsqueda de los restos del poeta español más conocido mundialmente no debería convertirse en un folletín, aunque lo parezca desde hace tiempo como testimonio de la vergonzosa ausencia de política de Estado sobre las fosas comunes de la Guerra Civil.
El grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas envió en julio de 2014 al gobierno español una informe durísimo, tras visitar el país para indagar sobre la situación de las víctimas del franquismo. Daba al gobierno un plazo de 90 días para presentar un plan de cumplimiento de las 42 recomendaciones del informe a propósito de una “política de Estado permanente para dar verdad y justicia a las víctimas”, de acuerdo con el derecho internacional y la declaración sobre desapariciones forzadas que España ratificó en 2010. 
El organismo de la ONU requería que el gobierno crease “una entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros” para elaborar una base de datos central sobre desaparecidos del franquismo y un “plan nacional de búsqueda”. El gobierno, por el contrario, eliminó partidas presupuestarias destinadas a financiar la localización de fosas de fusilados por parte de las asociaciones de familiares. 
El mismo mes de julio de 2014 el director del Equipo Argentino de Arqueología Forense, Luis Fondebrider, pionero en la identificación de víctimas de la dictadura militar argentina, declaró en Barcelona: “España es un caso único, hay muy pocos países que no hayan hecho nada para identificar a sus víctimas después de un conflicto. España es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más fosas comunes por abrir” (La Vanguardia, 8-7-2014). 
El anterior gobierno socialista elaboró en 2010 un mapa de 1.821 fosas de fusilados del franquismo (240 en Catalunya, más otro centenar localizadas posteriormente), elaborado con datos de las comunidades autónomas y las asociaciones de familiares, sin contar las 550 fosas y las 5.277 víctimas ya exhumadas hasta entonces. Calculaba que la cifra de estos desaparecidos supera las 100.000 personas. La práctica totalidad de aquellas 1.821 fosas reconocidas siguen pendientes de explorar y dignificar, incluida la de García Lorca. 
La monumental biografía de Ian Gibson sobre el poeta se equivocó en cuanto a la localización de la fosa donde fue enterrado por los verdugos, junto a otros fusilados en agosto de 1936 en los alrededores de Granada. Eso no obsta para que el presente mes de julio Ian Gibson y su editor hayan convocado a la prensa en el restaurante barcelonés Set Portes dentro de la gira de promoción de la reedición de cinco libros suyos, con algunos retoques de puesta al día: los tres volúmenes sobre García Lorca y los dedicados a Machado y Buñuel. 
El flamante Centro García Lorca que debía inaugurarse en Granada en junio de 2015, después de 10 años de obras y 23 millones de euros de inversión, sumó incontables retrasos y abrió finalmente sin el legado de documentos del poeta, pendientes de traslado desde la Residencia de Estudiantes madrileña. Todo lo relacionado con la posteridad de García Lorca que dependa de las instituciones oficiales es todavía hoy, en plena democracia, un testimonio vivo, vivísimo, de las vergüenzas que arrastra el país frente a su pasado.

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