Resulta esperpéntico, pero absolutamente real, que el magnate de los casinos de Las Vegas, Sheldon Adelson, coloque sobre la mesa de los gobiernos autonómicos de Madrid y Barcelona el proyecto de construir en el lugar que le ofrezca mejores condiciones una reproducción europea de Las Vegas con 15.000 millones de euros de inversión, 132.000 puestos de trabajo directo y 36.000 habitaciones hoteleras, si se avienen a concederle dispensas fiscales, laborales y legales, como por
ejemplo avales ante el Banco Europeo de Inversiones, incentivos a la construcción, dos años de exención de cuotas a la Seguridad Social y del impuesto de sociedades, cambios en la ley de prevención del blanqueo de capitales y en el Estatuto del Trabajador, autorización de fumar en los locales y de ingreso de menores de edad…
La presidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha mostrado entusiasta y ha manifestado que está dispuesta a cambiar “todas las normas que haya que cambiar”. El conseller de Economía Andreu Mas-Collell ha viajado a Las Vegas para reunirse con el promotor y mostrar su interés.
El proyecto representa una gran operación inmobiliaria que retorna a los “mejores” momentos de la burbuja del ladrillo y de la economía especulativa del “pelotazo”. Es posible que el propio proyecto sea en sí mismo una especulación, para ver si alguien muerde el anzuelo de la subasta de exenciones legales, en un momento de crisis económica y paro desatado por culpa precisamente de la economía menos productiva de las operaciones financieras e inmobiliarias.
El promotor Sheldon Adelson ya ha implantado sus réplicas de Las Vegas en Singapur y Macao. El desembarco en Europa quizás le costará algo más, aunque nunca se sabe.
La comunidad de Madrid tiene clavada la espina de la instalación de Eurodisney en París en detrimento de la candidatura madrileña, así como la de Port Aventura en Tarragona. En Cataluña, la legalización del juego ya supuso dos escándalos seguidos de presunta financiación ilegal a favor Convergència i Unió por parte de la compañía concesionaria: el “caso Casinos” (abierto en 1989 y archivado en 2000 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) y la comisión parlamentaria sobre las condiciones de adjudicación de las nuevas loterías de la Generalitat a la empresa Luditec en 1986, una comisión que no recibió demasiadas facilidades para aclarar la cuestión.
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