Cuando todos los catalanes fuimos franceses, sin desearlo

Estos días circula por la red el mapa adjunto, para recordar que Cataluña fue incorporada a Francia durante la ocupación napoleónica, de 1810 a 1814. Lo que el mapa no dice es que los catalanes se opusieron a ello en pie de guerra, ferozmente. La relación de Cataluña con el vecino francés constituye una historia tristísima, Peor aun, una historia irresuelta. Cualquier país acaba por encontrar un cierto equilibrio gracias al paso del tiempo, pero a veces es un equilibrio mal asentado. España resolvió en falso la Guerra de Independencia entre los liberales ilustrados --quienes defendían muchas de las ideas modernizadoras procedentes del país del ocupante napoleónico-- frente al pueblo empecinado, sentimentalmente
movilizado por los conservadores al grito de “¡Vivan las caenas!”. El enemigo interior era tan o más nocivo que el exterior. El dilema se mantiene en un equilibrio atávico, castizo y cainita.

De entrada la Guerra del Francés (que en España denominan Guerra de Independencia) no fue una guerra de ideas ni modelos sociales, sino de control territorial y poderes de Estado sobre el damero europeo global. La alianza franco-española entre la monarquía de Carlos IV y la Francia revolucionaria se había visto estrepitosamente derrotada por los ingleses en la batalla de Trafalgar en 1805. A Napoleón aquella alianza con una España sin poder naval ya no le servía para sus designios expansionistas. Tan solo le era útil como país de paso para llegar a Portugal, de modo a atacar a un aliado de Inglaterra y a la Armada inglesa, como quedó acordado en el Tratado de Fontainebleau de 1807. 

Puesto que debía transitar por España con su ejército, Napoleón aprovechó la ocasión para ocuparla e intentar gobernarla. Cuando la monarquía española y el primer ministro Manuel Godoy se dieron cuenta, ya les habían tomado el número y el puesto. La ocupación no resultó tan sencilla. El ejército francés tuvo que reforzarse de 100.000 a 300.000 hombres y la Guerra del Francés duró seis años. Francia era un país de 40 millones de habitantes, con un ejército de 400.000 soldados aguerridos en numerosas batallas. España tenía 11 millones de habitantes y un ejército de 60.000 hombres, cuadriplicado a toda prisa con levas poco preparadas. 

Carlos IV y su hijo, el futuro Fernando VII, peleados, abdicaron formalmente a favor de Napoleón en el Tratado de Bayona. El ejército napoleónico entró en España el 9 de febrero de 1908 por el paso más utilizado desde los iberos y los romanos: la frontera decana de El Pertús y La Junquera. En teoría eran aliados de paso hacia Portugal, tan solo debían quedarse pocos días para reponer fuerzas. Barcelona fue ocupada sin disparar ni un tiro el 13 de febrero de 1808 por un ejército francés de 5.000 hombres 1.800 caballos que duplicaba a los efectivos de la guarnición local, pese a las reticencias de la población escarmentada por la carnicería y las traiciones que habían supuesto los enfrentamientos anteriores con el país vecino. Los antecedentes eran recientes. 

En la anterior Guerra de Sucesión (1700-1714) los franceses dejaron a los catalanes en la estacada y entronizaron en España a la monarquía borbónica del nieto del Rey Sol, Felipe V, quien abolió mediante el Decreto de Nova Planta las Constituciones catalanas que había jurado. La amarga experiencia todavía se repetiría en la Guerra Grande (1793-1795), declarada por Carlos IV al ser guillotinado en París su primo Luis XVI de Borbón. El mariscal de Francia Michel Ney escribió: “En ningún otro lugar los padres transmiten a los hijos más odio a los franceses, sus vecinos. Les reprochan haberlos arrastrado, durante el siglo XVII, a continuas revueltas contra los reyes de España y haberlos abandonado luego al resentimiento de un amo ultrajado. No les perdonan haberles impuesto, a principios del siglo XVIII, al rey que ha humillado su orgullo y destruido sus privilegios [Felipe V]”. 

La ocupación napoleónica reveló de inmediato sus auténticos designios. En Cataluña la insurrección de las partidas de somatenes, miquelets y guerrilleros contra el ejército invasor estalló desde el mes de junio del 1908, en particular alrededor de ciudades medianas como Manresa, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa. El motivo y el coraje de la insurrección han dado pie a interpretaciones patrióticas inflamadas e interesadas. La población se alzó contra los hijos de la atea, demoníaca, guillotinadora Revolución francesa y lo hizo en nombre de la fórmula trinitaria de “religión, rey y patria”, pero también en nombre de su libertad, sus familias y sus tierras. 

La iglesia católica jugaba un papel social de primer orden, a menudo más escuchada por la mayoría social que la monarquía y su gobierno. El Estado moderno –-el Estado francés— se configuró a fuerza de marcar distancias con el poder eclesial, de distinguir entre los dos poderes íntimamente unidos durante toda la Edad Media y el antiguo régimen. A la nueva burguesía industrial, comercial y financiera de Francia no le convenía la intolerancia de la religión ni la vieja organización política. Una sociedad configurada por las nuevas técnicas requería ideas evolutivas, recogidas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada en París el 26 de agosto de 1789. La monarquía dejaba de ser vista como una institución de derecho divino, hasta el extremo de guillotinar a la sagrada figura del rey por haberse opuesto al curso de la historia, a las leyes democráticas. 

El regicidio fue vivido en Cataluña y España como una herejía, debidamente atizada por las fuerzas de la nobleza y la iglesia local en su campaña de fanatización contra el factor extranjero. Si añadimos las malas experiencias inmediatamente anteriores con las tropas francesas y que el siglo XVIII había sido un desastre en materia de devastación bélica, malas cosechas y hambrunas, la masiva reacción hostil contra la Revolución francesa y la ocupación napoleónica adopta la lógica de contexto.
Cataluña manifestó en el campo de batalla el interés en seguir unida a España, seguir siendo una provincia española y no francesa. Las ideas procedentes de la Francia de la Ilustración, de los enciclopedistas, los defensores del sufragio universal y la modernidad eran cuestión aquí de una ínfima minoría, que daría su do de pecho con la Constitución liberal de las Cortes de Cádiz. 

Napoleón colocó en el trono español a su hermano José Bonaparte, quien se había distinguido dos años antes como gestor reformista en el trono del reino de Nápoles. Lo colocó a título de rey, naturalmente, porque el emperador no se ponía por menos. José I o “Pepe Botella” demostró en Madrid ser mejor rey que a continuación Fernando VII de Borbón, pero la monarquía josefina había sido impuesta por las bayonetas de los mamelucos. 

Napoleón abolió por decreto la Inquisición antes de que lo hicieran las Cortes de Cádiz, así como los derechos feudales y les aduanas interiores. Nunca se habían adoptado tantas medidas modernizadoras en tan poco tiempo, al margen de que los súbditos del reino de España deseasen o no ser modernizados por los franceses. Los diputados de las Cortes de Cádiz se inspiraron en las medidas del gobierno josefino para dotar al país de su primera Constitución de corte europeo. El rey Fernando VII el Deseado juró fidelidad a aquella Constitución para alcanzar el trono, antes de derogarla y restablecer en 1814 el absolutismo, la exclusión, el oscurantismo, incluso la Inquisición, todo aquello que las fuerzas conservadoras del antiguo régimen entendían por tradición al grito secular de “¡Santiago y cierra España!”.  

En plena era de la revolución industrial, la mayor parte de España seguía siendo un trozo de África: feudal, oligárquica, analfabeta, beata, subdesarrollada y supuestamente imperial. Y lo seguiría siendo. El regeneracionista Ricardo Macías Picavea apuntaba en el libro de 1899 El problema nacional. Hechos, causas y remedios que a España “28 % de la población sabe leer, mientras que el 68 % permanece completamente iletrada. En Francia la relación es exactamente inversa: 70 % escribe y lee, 30 % tiene los ojos cerrados a la luz de la inteligencia civilizada”. 

La guerra contra el ocupante napoleónico también fue en Cataluña y España una guerra civil entre los partidarios del antiguo régimen y los liberales afrancesados, opuestos a la invasión francesa pero no a las ideas de la Ilustración. Triunfaba, una vez más, la constante de las “dos Españas”. Las medidas reformistas del rey francés aplicadas aquí contrastaron rápidamente con los métodos más expeditivos, desafiantes, arbitrarios y despóticos del ejército de su hermano sobre el mismo territorio. Aquel ejército se vio llamado finalmente a otras urgencias en los campos de batalla de Rusia, donde acabaría de romperse la crisma. 

El Estado francés no había tenido suficiente con la anexión de una parte de Cataluña por el Tratado de los Pirineos de 1659, cuando la “frontera natural” pasó artificialmente de las Corberas narbonesas al Pirineo catalán, aunque el gobierno de París deseaba alargarla hasta Rosas. Un siglo y medio más tarde, Napoleón desplazó la divisoria estatal hasta el Ebro. El 8 de febrero de 1810 Napoleón ya había firmado un decreto que establecía gobiernos particulares en Cataluña, Aragón, Navarra y Vizcaya. El siguiente decreto de 26 de enero de 1812 convirtió a Cataluña en provincia francesa, la integró formalmente al territorio del Estado francés —entonces denominado I Imperio--, a diferencia del resto de la Península, simplemente ocupada y gobernada por Francia. La explicación de la proximidad geográfica resulta relativa. Seguramente pesó más en aquella decisión el grado de desarrollo económico y poblacional de Cataluña, con una industria manufacturera y un comercio más relevantes, junto a la agricultura. 

Encabezado por los dos prestigiosos intendentes liberales Joseph-Marie de Gérando y Bernard-François de Chauvelin, los funcionarios franceses llegaron con la misión de organizar el Régimen Civil napoleónico en el territorio catalán anexionado, en colaboración con los afrancesados locales. Querían modernizar la administración, limitar los abusos de los militares franceses ocupantes, promocionar el bienestar de la población con medidas de fomento de la economía, las obras públicas, la instrucción. La intención, en algunos aspectos –solo algunos-- era buena. 

De entrada estructuraron a Cataluña en cuatro nuevos departamentos sobre la pauta de los criterios geográficos de los departamentos franceses instaurados por la Revolución: el departamento del Segre (con prefectura en Puigcerdá y subprefecturas en Talarn y Solsona, incluyendo a la Cerdaña y Andorra), el departamento del Ter (con prefectura en Girona y subprefecturas en Vic y Figueres, las actuales comarcas gerundenses más Osona), el departamento de Montserrat (con prefectura en Barcelona y subprefecturas en Manresa y Vilafranca del Penedés) y el departamento de las Bocas del Ebro (con prefectura en Lleida y subprefecturas en Tarragona, Cervera y Tortosa, todas las tierras atravesadas por el río). 

Los administradores franceses tuvieron la delicadeza de usar el catalán en los papeles oficiales, a diferencia de la política que practicaban en el Rosellón desde la anexión de 1659. La lengua catalana fue declarada cooficial junto al francés. El Diario de Barcelona pasó a ser publicado en bilingüe francés-catalán durante unos meses de 1810, igual como el código napoleónico que consagraba la Egalité y el decreto que instauraba el nuevo Gobierno de Cataluña. El 18 de marzo de aquel año el Diario de Barcelona publicó en catalán la proclama --bastante grosera-- del gobernador militar, el mariscal Augereau: “Sí, vencedores de Atenas y Neopatria: se va a restablecer vuestro antiguo comercio con Oriente. La patria catalana renacerá de sus cenizas. Entrad en el orden, auxiliarme con vuestros esfuerzos, yo me ocuparé incesantemente en corregir todos los desórdenes y os procuraré la prosperidad de que es susceptible vuestra tierra e ingenio”. 

Cataluña quedó separada del resto de España y se integró al imperio napoleónico, al menos sobre el papel. En realidad la administración napoleónica topó en todo momento con la hostilidad de la población catalana. La traducción sobre el terreno del proyecto imperial fue nula, convertida en simple apoyo a las tropas ocupantes. El grueso de la clase dirigente catalana, igual como los comerciantes y los payeses, no respondieron al canto de sirenas bonapartistas. Hicieron frente común con el resto de España. La situación de guerra y la escasa colaboración de los militares franceses hacían inviables las reformas civiles napoleónicas e impedían su tarea de persuasión social. 

El Régimen Civil napoleónico fracasó en Cataluña del mismo modo que la tarea de los afrancesados, vistos por sus compatriotas como colaboracionistas del enemigo, en el contexto de la hostilidad bélica y la ocupación territorial. En febrero de 1814 Napoleón retornó la soberanía española al rey Fernando VII por el Tratado de Valençay y el monarca absolutista se reincorporó el 22 de marzo por La Junquera. Comenzaba la revancha. Abolió la Constitución liberal del 1812, restableció la Inquisición y el papel de la iglesia, reforzó el centralismo y alejó a España de la evolución liberal de los otros países europeos. El Estado español se vio configurado de nuevo por las fuerzas más reaccionarias, un fenómeno involutivo todavía rematado en pleno siglo XX por el nacionalcatolicismo franquista. 

Los intentos modernizadores de la I y la II Repúblicas terminaron igualmente a golpes de crucifijo. Cualquier país vive a lo largo de su historia una alternancia entre períodos de desarrollo fulgurante y otros de decadencia, conoce contradicciones y desequilibrios. La cuestión es el acierto con que gestiona sus conflictos. Una nación, además de un sentimiento, es sobre todo una estructura de instituciones administrativas y jurídicas con reglas de juego más o menos puestas al día en lo referente a las libertades y el bienestar de sus ciudadanos, de sus contribuyentes, no solo de su clase dirigente. España no conoció la guillotina en la Puerta del Sol, el triunfo de las ideas anti-absolutistas, la modernización estatal, el liberalismo de las revoluciones e Inglaterra de 1688 (la Gloriosa contra el modelo borbónico francés, católico, absolutista y centralizado de Luis XIV) y de Francia en 1789, ambas con decapitaciones reales incluidas.

España no subió al tren europeo de participación en el gobierno de nuevos sectores sociales emergentes. En vez de cortarle la cabeza al siniestro, obcecado, cobarde y mentiroso Fernando VII, el pueblo le aclamó a su regreso como el Deseado, también el pueblo de Cataluña. Cuando los liberales españoles reclamaron una monarquía constitucional o incluso una república, la legión extranjera francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis y la Santa Alianza jugaron a favor del Borbón, por interés en una España débil, anquilosada, subordinada, tradicional, marginada del reparto geoestratégico del Congreso de Viena. 

El hispanista británico Henry Kamen se ha dedicado a estudiar, en el libro Los desheredados (2007), los catorce exilios masivos de fuerzas vivas españolas de 1492 hasta 1975. Saca como conclusión que España se aseguró para siempre una elite cultural y gobernante deficiente. La exclusión de los disidentes, los impuros, los diferentes como método de cohesión nacional ha acabado dando el resultado conocido.
La misma idea fue apuntada por Gregorio Marañón en una conferencia pronunciada en la Escuela de Ciencias Políticas de la capital francesa en 1942, en plena ocupación alemana de París, recogida en el libro de 1946 Españoles fuera de España: “Las emigraciones políticas no se han interrumpido desde que España se constituye como Estado, cuando se unen Castilla y Aragón por el matrimonio de los Reyes Católicos, y cuando, poco después, en 1492, el ultimo rey moro pierde Granada y termina la Reconquista. En el espacio de poco más de cuatro siglos, a partir de entonces, han ocurrido catorce grandes éxodos políticos, sin contar con innumerables expatriaciones menos nutridas, aun cuando a veces de tanta trascendencia política como las más numerosa. Equivale esto a afirmar que la historia de España ha sido una continua guerra civil. Desgraciadamente, es verdad, y en ello hemos de buscar, tal vez, la causa mayor de nuestras malas venturas nacionales”.