Durante estas fechas de puente festivo los medios de comunicación prestan una gran atención a la afluencia a las estaciones de esquí, como si se tratara de un desplazamiento mayoritario, de una situación de interés colectivo. Tal vez algunos lleguen incluso a creérselo, ante el impacto insistente de las noticias. La realidad es que la inmensa mayoría de ciudadanos no iremos a esquiar durante este puente ni el resto del invierno, en un país donde estadísticas recientes indican que que el 31,9% de la población no puede hacer vacaciones en ningún momento del año por falta de disponibilidad económica después de los recortes económicos y
laborales vividos. Por alguna razón poco comprensible, la Generalitat es propietaria y gestora de cinco estaciones de esquí (La Molina, Núria, Espot, Port Ainé, Tavascán), rescatadas con dinero público de la quiebra. Estas cinco estaciones aumentaron en 2015 las pérdidas hasta 9 millones de euros, a cargo del erario público. En cambio la privada de Baqueira-Beret, la más amplia y concurrida de todas, declaró un beneficio neto de 3,4 millones de euros ella sola.
laborales vividos. Por alguna razón poco comprensible, la Generalitat es propietaria y gestora de cinco estaciones de esquí (La Molina, Núria, Espot, Port Ainé, Tavascán), rescatadas con dinero público de la quiebra. Estas cinco estaciones aumentaron en 2015 las pérdidas hasta 9 millones de euros, a cargo del erario público. En cambio la privada de Baqueira-Beret, la más amplia y concurrida de todas, declaró un beneficio neto de 3,4 millones de euros ella sola.
Ayudar a les desfavorecidas poblaciones de montaña con inversión de dinero público en las estaciones de esquí no puede encubrir los intereses privados del sector inmobiliario (venta de apartamentos y urbanizaciones) ni subvencionar para siempre un determinado modelo turístico. Las estaciones de esquí no son un servicio público ni un equipamiento colectivo. En las comarcas catalanes de la nieve, la línea ferroviaria Barcelona-Puigcerdà sigue sin recibir la misma atención por parte de la administración pública que la concesión privada del túnel de peaje del Cadí.
El esquí catalán es hoy una actividad mayoritariamente tutelada por el gobierno de la Generalitat. Lo considera un motor económico para las comarcas implicadas, como si no fuesen igualmente un motor económico todas las demás empresas de los diferentes sectores productivos que no reciben ayudas o los servicios públicos recortados.
La insistencia de estos días en la afluencia a las estaciones de esquí no es solo promoción y publicidad encubierta. También una desconsideración hacia la inmensa mayoría que no iremos.
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