19 ago 2016

Privatizar el mar resulta demasiado más fácil que ponerle puertas


Al nacionalismo conservador de Convergència i Unió (ahora Junts pel Sí) no le ha bastado con privatizar durante el mandato del anterior alcalde Xavier Trias el espacio público del puerto deportivo construido a raíz de los Juegos Olímpicos a lo largo de la avenida Juan de Borbón de la Barceloneta ni con impedir físicamente el acceso al muelle para destinarlo a una Marina Port Vell reservada a 148 amarres de grandes yates de lujo en pleno centro de la ciudad. Ahora pretende repetir la misma operación a escala de toda Catalunya, con
el proyecto de nueva Ley de Puertos impulsada por el conseller de Territorio y dirigente nacionalista Josep Rull.
Los 47 puertos existentes en Catalunya (salvo los dos mayores, Barcelona y Tarragona) son competencia de la Generalitat. La práctica totalidad son puertos “deportivos”, con un total de 32.988 amarres. Solo un 9% de esos amarres pueden acoger actualmente embarcaciones de más 12 metros de eslora, es decir los megayates de los multimillonarios. 
Ante la imposibilidad de aumentar el número de puertos llamados “deportivos”, por el severo impacto que han representado en el litoral, la fórmula de expansión elegida por el actual gobierno de la Generalitat es dar un paso más en la privatización encubierta a beneficio de las embarcaciones de mayor eslora. El anteproyecto de la Ley de Puertos ya avalado por el gobierno de la Generalitat, pendiente del trámite parlamentario, habla en una de les disposiciones adicionales de “ofrecer un número razonable de amarres destinados a la náutica popular”. Es la expresión piadosa para definir los recortes. 
La nueva Ley de Puertos no establece ningún tipo de balance de las consecuencias de la proliferación de puertos deportivos en el litoral catalán, por ejemplo en materia de desplazamiento de arenas y costosas obras anuales para intentar restablecer el equilibrio alterado. El principal deporte que se practica en los llamados puertos deportivos es la especulación inmobiliaria y el beneficio de la industria náutica, con costes cargados al conjunto de los ciudadanos que nunca tendrán un amarre en ellos.

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