17 nov 2016

Inoperancia, insolvencia o indignidad de las compañías eléctricas


El servicio básico del gas y la electricidad doméstica no tiene un precio básico, sino que alimenta en plena crisis beneficios multimillonarios de las compañías privadas concesionarias. La suministradora Gas Natural pasó de declarar 642 millones de euros de beneficios en 2004 a 1.502 millones en 2015. La distribuidora Endesa anuncio 870 millones de beneficios durante el primer semestre del 2015, un 17,1% más que en el mismo período del año anterior. Son las dos compañías implicadas en el corte de suministro a la anciana de Reus que debía utilizar velas y ha encontrado la muerte
en el incendio de su piso. Ante las cifras oficiales de sus beneficios, la disputa entre estas empresas y las administraciones públicas sobre la aplicación o bien la infracción que han llevado a cabo de la Ley de Pobreza Energética, surgida de una iniciativa legislativa popular, no hace más que revelar la inoperancia, la insolvencia, la indignidad de los implicados.
El derecho constitucional a una vivienda digna presenta una segunda cara igualmente dramática: el coste en aumento de mantener la vivienda por lo que respecta a suministros asociados de electricidad, gas, agua, teléfono. Se trata de un gasto cautivo, insorteable, que las grandes compañías siguen incrementando alegremente, por encima incluso del IPC. 
La liberalización de las antiguas grandes compañías monopolísticas para abrir paso a las ventajas de la competencia entre diferentes empresas privadas de cada sector se ha revelado meramente teórica, sin beneficios en la factura de los usuarios. Los suministros indispensables en cualquier hogar han seguido aumentando de precio sin freno. Se han convertido en un coste tan pesado como el alquiler o la cuota de la hipoteca. 
Endesa reconoció en el balance del 2014 un beneficio de 3.337 millones de euros (+ 77,6% respecto al año anterior), lo que llevó a cuadriplicar el valor de sus acciones en la bolsa. Aunque la presentación de los resultados económicos anuales de las grandes empresas por parte de ellas mismas suela representar un ejercicio de malabarismo, en el que exhiben la parte que les conviene, resulta incuestionable que la multiplicación de los beneficios se ha visto acompañada por un aumento del coste del servicio. El conjunto de España soporta una de las tarifas eléctricas al consumidor más altas de toda la Unión Europea. 
Endesa, Iberdrola y Gas Natural, les tres grandes del sector, recalcan al unísono que la evolución de los precios de la electricidad en el mercado mayorista tan solo incide en un 37% en la tarifa al consumidor, mientras que el resto son costes fijos e impuestos. De este modo intentan pasar la responsabilidad a la autoridad reguladora gubernamental.
El Instituto Nacional de Estadística establece que el gasto de los hogares en electricidad aumentó un 52% entre 2008 y 2012, la del gas un 37,5%. Las grandes compañías de suministros básicos, íntimamente vinculadas a los bancos --el primer accionista de Gas Natural es CaixaBank—se han alineado con la conducta abusiva de las entidades bancarias, hasta formar parte del mismo paquete de responsables y a la vez beneficiarios la crisis.



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