Las fronteras oficiales caen a menudo en el ridículo sobre el terreno

Los reyes de Bélgica y Holanda se acaban de reunir para escenificar en persona la rúbrica del tratado que modifica ligeramente los límites entre ambos países limítrofes. El desvío moderno del río Mosa dejó un trocito de territorio belga en la orilla holandesa y viceversa. El nuevo tratado cede 13 hectáreas de una península fluvial hasta ahora belga a Holanda y, en sentido contrario, Bélgica pasa a poseer 3 hectáreas del enclave fluvial llamado Petit Gravier. Las dimensiones territoriales irrisorias del intercambio contrastan con los largos años de negociaciones que han sido precisas para alcanzarlo y con la solemnidad de la firma del
acuerdo. Las divisorias de frontera todavía provocan a los Estados de hoy unas susceptibilidades colosales.

En Catalunya el trazado sobre el terreno de la raya de frontera instaurada entre el Reino de España y el de Francia por el Tratado de los Pirineos de 1659 ha dado lugar a incontables escaramuzas hasta hoy mismo, sobre todo teniendo en cuenta que separa territorios igualmente catalanes de ambos lados. Por poner un ejemplo, el paso fronterizo del Coll de la Manrella pertenece al término municipal de Agullana, pero según las mugas que marcan la divisoria sobre el terreno se encuentra en la vertiente del pueblo francés de Morellàs-Les Illes. 

En 1979 se erigió por iniciativa privada un monumento al president Lluís Companys –atravesó la frontera hacia el exilio por el Coll de Llí vecino—, a cuyo alrededor se congregan con frecuencia actos de homenaje. La gendarmería consideró que las piedras del memorial estaban situadas en territorio francés, cavó una zanja para impedir la circulación de vehículos y colocó una serie de rocas de grandes dimensiones con el mismo objetivo. Hasta 2011 los coches no pudieron pasar en condiciones normales. 

Más que desplazar unos metros el monumento y las concentraciones, con el riesgo de levantar susceptibilidades, el gobierno de Madrid propuso al de París la permuta de las cinco hectáreas implicadas a cambio de una superficie equivalente en el vecino Puig Forcat, también en el término de Agullana. No se habló más de la propuesta. Los tratados internacionales de límites fronterizos son complicadísimos. 

El último caso se produjo el pasado septiembre. Un juez del Tribunal de Perpiñán dejó en libertad sin cargos a un ciudadano marroquí indocumentado detenido por la gendarmería en el puesto de control compartido con la policía española en la frontera del Pertús. Un convenio diplomático instauró esta Oficina de Controles Nacionales Yuxtapuestos, construida a efectos prácticos en territorio español, a mil metros de distancia de la frontera oficial. El abogado defensor adujo que la detención se efectuó por la gendarmería en territorio español y por lo tanto era jurídicamente nula. El juez le dio la razón.

La gestión de las fronteras en tiempos de paz, en particular la catalana con Francia, es una fuente permanente de contrasentidos. Esas divisorias artificiales arrastran a los Estados a caer con frecuencia en el ridículo  frente de la realidad cuotidiana vista sobre el terreno.