Tras cinco años de instrucción judicial, ayer arrancó finalmente en Barcelona el proceso por administración desleal contra los directivos de Catalunya Caixa, encabezados por Narcís Serra. Los acusados alegarán la inocencia más pura, como ya avanzó Serra a su entrada al Palacio de Justicia: “No me arrepiento porque hice lo que tenía que hacer”. En realidad, eso depende de cómo se mire. La entidad Catalunya Banc (nacida en 2010 de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa) fue declarada en quiebra y intervenida en 2011 mediante una aportación de dinero público de 13.221 millones de euros. En aquel momento
declaró 1.335 millones de pérdidas, y al año siguiente 11.800 millones.
declaró 1.335 millones de pérdidas, y al año siguiente 11.800 millones.
Traspasó los activos inmobiliarios “tóxicos” al banco malo de la Sareb, despidió a 2.450 empleados y en 2013 ya declaró 532,2 millones de euros de beneficios. Del dinero público inyectado, solo devolvió 300 millones.
La entidad la compró el BBVA, sin que figurase entre las condiciones de la venta regulada por el gobierno el retorno del dinero público recibido. El BVVA anunció que pensaba prescindir de 2.000 empleados más de Catalunya Banc (46% de la plantilla) y rebajar el sueldo a los subsistentes.
Los miembros del consejo de administración de Catalunya Banc fueron imputados de administración desleal en 2013, tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre la base de los incrementos de sueldo que se adjudicaron mientras la entidad recibía dinero público per evitar la fallida por su quiebra.
Las ayudas a los bancos en quiebra con dinero de los contribuyentes han servido para reforzar el oligopolio en España de los cinco grandes (Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell y Popular). Desde 2008 han pasado de una cuota de mercado en el crédito del 46% al 67%.
El sector bancario no se ha visto penalizado por el comportamiento irresponsable o corrupto durante la burbuja financiera e inmobiliaria. Al contrario, se ha visto recompensado con dinero de los contribuyentes: 107.913 millones de euros en España, según el Tribunal de Cuentas, restados de los servicios públicos recortados.
Las operaciones de saneamiento han servido para sanear sus beneficios, no los mecanismos para obtenerlos. El reparto del peso de la crisis no ha sido proporcional a las responsabilidades y las posibilidades de cada sector social. Se ha pagado con el recorte de las economías particulares y de la protección social, mientras el sistema financiero sigue nadando en la malformación de su opulencia.
Personalizarlo ahora en Narcís Serra y los directivos de Catalunya Banc, incluso en Rodrigo Rato y las tarjetas black de Bankia, sería limitar mucho el fenómeno.
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