El coche oficial debería desaparecer en el mundo de hoy, no solo reducir la cantidad. Su sola existencia, multiplicada y ostentosa, constituye una afrenta a la calidad del sistema democrático, tan averiado. Dentro del plan de reforma administrativa, el gobierno central anunciaba ayer que estos vehículos disminuirán de 930 a 630 y los chóferes oficiales en nómina de 1.002 a 852 personas, sin precisar a qué organismos oficiales en concreto se refiere, dado que numerosas administraciones públicas disponen de ellos para sus cargos. En Cataluña, durante el gobierno tripartito de izquierdas, la Generalitat contrató en 2008 por
