Las grandes compañías españolas de producción y distribución de electricidad argumentan que la regulación de precios por parte del Estado las obliga a vender energía a los consumidores por debajo del precio que a ellas les cuesta. En consecuencia, han obtenido de los sucesivos gobiernos un acuerdo de compensación o déficit de tarifa con cargo a los presupuestos públicos, que hoy se sitúa en la desorbitada cifra de 30.000 millones de euros, de los que 3.600 debían ser abonados el presente año. Paradójicamente y por poner solo un ejemplo, Iberdrola
