La nueva directora general de Tráfico del ministerio del Interior y del gobierno del PP, María Seguí, hacía ayer unas declaraciones al diario El País impropias de una representante de los intereses públicos: “Puede ser que la gente decida coger vías menos seguras para no pagar peajes. Cuando tengo opción, entre una carretera y una autopista de pago yo escojo la de pago, hago una inversión en salud”.
Preguntada sobre el éxito de su antecesor socialista en el cargo, Pere Navarro, quien logró durante los ocho años de mandato pasar de 3.5000 víctimas mortales en el conjunto de España en accidentes de tránsito a 1.500,
añadía Seguí: “No sé si lo podré igualar, pero trabajaré cada día para ello”.
La opción declarada de la nueva responsable a favor de las vías de peaje es escandalosa, pero la segunda duda resulta terrorífica, más aun si tenemos en cuenta que las normas de la Unión Europea obligan también a nuestro país a una nueva división por dos de la sangría de vidas en las carreteras, de la mortalidad derivada de accidentes de circulación, en la perspectiva del año 2020.
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