El índice de 23,5% de parados forzosos en Cataluña duplica con creces el 10,8% de media al conjunto de los 28 países de la Unión Europea, según el último informe sobre el mercado de trabajo por regiones divulgado esta semana por el Eurostat, la oficina estadística de la UE. El paro juvenil entre los 15 y los 24 años se sitúa en Cataluña en el 50,7%, mientras que la media europea es del 23,4%. En las demás regiones de los llamados Cuatro Motores de Europa, de los que Cataluña pretendía formar parte, el paro general es de 3,5% de la población activa en Baden-Württemberg, del 8,1% en la
Lombardía italiana y del 8,4% en la de Ródano-Alpes francesa. Estas cifras europeas, fríamente técnicas, proclaman de modo estrepitoso que la traducción de la crisis en nueva desigualdad social ha sido mucho más acentuada en los países y las regiones del sur de Europa, en particular en España y Grecia. La última Gran Depresión de la economía occidental a partir de 1929 fue combatida por las administraciones públicas con las medidas contracíclicas del keynesianismo, que abrieron paso durante las décadas siguientes a un nuevo desarrollo y una reducción de las desigualdades sociales más agudas.
Lombardía italiana y del 8,4% en la de Ródano-Alpes francesa. Estas cifras europeas, fríamente técnicas, proclaman de modo estrepitoso que la traducción de la crisis en nueva desigualdad social ha sido mucho más acentuada en los países y las regiones del sur de Europa, en particular en España y Grecia. La última Gran Depresión de la economía occidental a partir de 1929 fue combatida por las administraciones públicas con las medidas contracíclicas del keynesianismo, que abrieron paso durante las décadas siguientes a un nuevo desarrollo y una reducción de las desigualdades sociales más agudas.
La actual crisis ha sido “combatida” a partir de 2008 mediante una colosal inyección de dinero público a la banca privada (1,6 billones de euros en la Unión Europea, según el Manifiesto Hacia a una Nueva Europa elaborado por los socialistas de la zona), una destrucción de 5,6 millones de puestos de trabajo (de los que dos de cada tres corresponden al mercado laboral español) y un recorte general de los derechos sociales básicos, empezando por el derecho a un puesto de trabajo digno. En los puestos de trabajo subsistentes se ha extendido la nueva clase social de “precariado”, al mismo tiempo que aumentaban los beneficios concentrados en las élites.
La crisis en curso no ha dado paso a la autocrítica ni a políticas efectivas de recuperación de la situación dentro de unos mecanismos económicos y políticos regenerados, sino a una durísima ofensiva de reajuste a la inversa de la redistribución de la riqueza, sin que se vislumbre un camino de salida. En Cataluña, sin ir más lejos, la sociedad excluye a un tercio de los ciudadanos del derecho básico al trabajo dignamente pagado: el 23,5% de la población activa, más quienes dependen de ella y los escolares y pensionistas recortados.
Está representando el padecimiento social más extendido desde la postguerra civil. Muchos partidos políticos, inclusive los de izquierda, prefieren debatir sobre independencia nacional más que sobre la simple “cuestión social”.
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