La parte positiva del affaire Jordi Pujol es la clara condena social que merece hoy del delito fiscal, un hábito que durante largos años fue considerado prácticamente normal a muchos los niveles de la vida pública y privada. Ahora la conducta más fácil y puritana es ensañarse con una figura política que ya no controla el poder, sobre todo si da motivos para encontrarle grietas fraudulentas. El delito fiscal tan sostenido en el tiempo que destroza hoy la imagen pública de Jordi Pujol sigue siendo un fraude a la sociedad que practican al por mayor los poderosos y al detall los ciudadanos de la calle sin escrúpulos.
Jordi Pujol ha fallado en el terreno más insolidario, puesto que la fiscalidad es el principal instrumento del sistema democrático de redistribución social de la riqueza, siempre que se aplique también a los ricos. Las diferencias sociales se reequilibran en alguna medida a través de los impuestos y los servicios públicos que de ellos se derivan. El pacto social democrático consiste –o consistía— en que los ciudadanos
sostienen al Estado con sus impuestos y el Estado asegura los servicios básicos que necesitan los ciudadanos: educación, sanidad, transportes, protección social.
sostienen al Estado con sus impuestos y el Estado asegura los servicios básicos que necesitan los ciudadanos: educación, sanidad, transportes, protección social.
Los contribuyentes reciben lo que han pagado previamente vía impuestos. Por consiguiente la estructura tributaria progresiva debería ser la niña de los ojos del sistema democrático, su sector más transparente y cuidadoso, aunque ahora sea visto con razón como el más injusto y tramposo. Los impuestos adolecen de una mala imagen histórica entre las escarmentadas clases trabajadoras porque el sistema fiscal ha sido con frecuencia indecente, ha invertido los términos entre la fiscalidad patrimonial y la laboral, ha gravado más el trabajo que el patrimonio, ha tasado más el dinero trabajado que las plusvalías del dinero acumulado, heredado o evadido.
En el conjunto de España, según datos oficiales, el 86 % de los contribuyentes con ingresos anuales superiores a 10 millones de euros eluden sus obligaciones fiscales, así como el 45 % de los que ingresan entre 1 y 10 millones de euros. En vez de perseguir con eficacia el fraude conocido, el gobierno ha decretado reiteradas amnistías fiscales.
La economía sumergida representa en Europa entre un 10 % en los países escandinavos y un 30 % en los mediterráneos. En algunos países lo que el Estado deja de ingresar por culpa de la economía sumergida equivale al déficit anual del sector público, de modo que se resolverían muchas de las actuales deudas y recortes con una moderna reforma fiscal y una actuación decidida contra la evasión, si los gobernantes tuviesen el coraje de recortar privilegios a los mejor situados en lugar de hacerlo a los trabajadores, funcionarios y pensionistas.
En segundo lugar, la explicación dada por Jordi Pujol sobre la herencia familiar como origen de la evasión fiscal tan largamente sostenida ofrece dudas que apuntan al famoso 3 % de comisión fraudulenta sobre las obras públicas controladas por el gobierno de CiU en la Generalitat, que Pasqual Maragall denunció en la sesión plenaria del Parlament de Catalunya del 24 de febrero de 2005: “Ustedes tienen un problema y este problema se llama 3%”...
Cuando en mayo de 2007 el director de la revista L’Avenç, Josep M. Muñoz, le preguntó en una entrevista en qué estaba pensando el día en que lo dijo, Maragall contestó: “Eso del 3 % venía de lejos y estaba en boca de muchos empresarios. Recuerdo incluso que Florentino Pérez había insinuado en un programa de televisión que la razón por la cual sus empresas no habían trabajado prácticamente en Cataluña podía tener relación con aquel famoso porcentaje. Que posiblemente era incluso más alto”.
En el libro de 2002 Els orígens del futur, escribía Maragall: “Ahora la burguesía catalana asiste –preside incluso-- los aniversarios de la fundación de Comisiones Obreras o del PSUC, pero aun rige en su seno una omertà, un libro de estilo no escrito, en virtud del cual algunas cosas no se pueden decir en la acción política”. En el libro posterior Espíritu federal (Escritos políticos), añadió el 2009: “Tal vez deberíamos sacrificar aspectos aparentes de la calidad (una cierta privacidad tranquila del llamado “sosiego” mediático) si es el precio de una vivacidad mediática y política mayor. La omertà siempre ha sido confortable, pero a la larga resulta trágica”.
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