Pasado mañana jueves se cumple el 40 aniversario de la dictadura militar argentina que desgobernó el país de 1976 a 1983, promovida por Estados Unidos y la oligarquía local. El régimen militar dejó un legado especialmente atroz: los 30.000 desaparecidos, secuestrados por fuerzas parapoliciales, torturados y asesinados, en muchos casos sin rastro de los cuerpos. Conozco en Barcelona a algunos familiares de aquellos desaparecidos. El nro. 2 de la alcaldesa Ada Colau, Gerardo Pisarello, lleva el mismo nombre que su padre, secuestrado en el domicilio familiar de Tucumán por un grupo de armados encapuchados el 24 de junio de
1975. El cuerpo sin vida, deformado por los golpes, fue encontrado el 2 de julio siguiente con las manos atadas a la espalda en una cuneta de Santiago del Estero.
Tengo el escaso honor de llevar casualmente el mismo apellido que el sanguinario torturador Héctor Febres (sin mi acento agudo en la segunda “e”), hallado muerto en 2007 con indicios de cianuro en la sangre, cuatro días antes de que se pronunciase la sentencia por sus crímenes contra la humanidad cometidos en el centro de detención y “desaparición” de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires durante el régimen militar. Se trataba de una de las primeras sentencias contra militares represores argentinos después de la anulación en 2003 de las leyes de perdón. La turbia muerte de Febres fue interpretada como un aviso amenazador contra la revisión judicial de la amnistía que favoreció hasta entonces a muchos genocidas de su misma especie.
El frecuente adjetivo coloquial de “hijo-de-puta” conoce en Argentina y entre mis amigos argentinos residentes aquí la variante aumentativa de “hijo-de-mil-putas” (incluso "hijo-de-re-contra-mil-putas"). La he oído aplicar a los responsables de la dictadura militar que en 2013 volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados en Buenos Aires.
Ya fueron condenados por los tribunales en 1985, durante el mandato del presidente Raúl Alfonsín, por masivas violaciones de los derechos humanos. Se vieron indultados en 1990 por el presidente Carlos Menem. Los indultos empezaron a ser declarados inconstitucionales a partir de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Comparecieron de nuevo ante la justicia por una causa no juzgada anteriormente, el Plan Cóndor de colaboración entre diferentes dictaduras latinoamericanas para hacer desaparecer opositores.
Las dictaduras militares simultáneas de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay, asesoradas de cerca por Estados Unidos, se distinguieron por la barbarie de sus métodos. Ninguna de ellas solucionó los problemas contra los que se levantaron antidemocráticamente.
Hoy se encuentran superadas y juzgadas. Han dejado como rastro la dificultad de recuperar valores como por ejemplo la honestidad pública, que puede ser más lenta que la democracia electoral. Desahogarse contra los “hijos de mil putas” (incluso contra los "hijos-de-re-contra-mil-putas") es comprensible, más aun en un día como mañana. Reconstruir encima de sus destrozos resulta laborioso.
La larga lucha ciudadana de madres y abuelas argentinas por encontrar a sus hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura ha recuperado hasta hoy 120 de ellos y ha sentado jurisprudencia en la conciencia del país sobre el concepto crucial de memoria histórica. Es un concepto que en España no quedó nada claro en el momento de la transición democrática.
El debate fue escamoteado aquí, de modo que hoy seguimos teniendo a familiares de los 130.000 desaparecidos en las fosas comunes de la Guerra Civil que hurgan en las cunetas de las carreteras. No sabemos ni siquiera dónde fue sepultado Federico García Lorca por el pelotón de fusilamiento.
El grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas envió en 2014 un demoledor informe al gobierno español sobre sus investigaciones a propósito de los desaparecidos de la Guerra Civil. La recomendación más importante era que “el Estado asuma su responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas".
España está obligada por el derecho internacional y por el convenio que ratificó en 2010 sobre desapariciones forzadas a aplicar “una política de Estado permanente” que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista saber qué les ocurrió y recuperar sus restos. Por eso la ONU le pedía que crease una “entidad estatal dotada de los suficientes recursos humanos, técnicos y financieros”, con un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos y una base de datos central.
En el mismo momento el director del Equipo Argentino de Arqueología Forense, Luis Fondebrider, pionero en la identificación de víctimas de la dictadura militar argentina, declaraba en Barcelona: “España es un caso único, hay muy pocos países que no hayan hecho nada para identificar sus víctimas tras un conflicto. España es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más fosas comunes por abrir”.
El gobierno socialista elaboró en 2010 un mapa de 1.821 fosas de fusilados del franquismo (240 en Catalunya, más otro centenar localizadas posteriormente), elaborado con datos de las comunidades autónomas y las asociaciones de familiares, sin contar las 550 fosas y 5.277 víctimas ya exhumadas hasta entonces. Calculaba que la cifra de tales desaparecidos superaba las 100.000 personas. La práctica totalidad de aquellas 1.821 fosas reconocidas siguen pendientes de explorar y dignificar, incluida la de García Lorca.
En Argentina aquellas supuestas “locas” que empezaron a desfilar en círculo cada semana por la Plaza de Mayo de Buenos Aires con un pañuelo blanco en la cabeza para reclamar la aparición de sus familiares desaparecidos han acabado por dar al mundo una alta lección de lucha y de noción de memoria histórica.
Creo interesante destacar que el terrrorismo de Estado fue implementado en Argentina por el militar golpista y pedófilo Juan Domingo Perón durante su período presidencial de 1973/74 y continuado por su viuda, también presidente del país, después de la muerte de su esposo y hasta el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Los peronistas, especialmente a través de la organización paraestatal Triple A,, creada y dirigida por Perón y su esposa, secuestraron torturaron y asesinaron a miles de personas y muchos otros debieron abandonar el país debido a las amenazas sufridas. Por citar un ejemplo, el prestigioso saxofonista rosarino Leandro "Gato" Barbieri fue uno de ellos, por su reconocida militancia (artística) a favor de los pueblos latinoamericanos y su admiración por el Che Guevara.
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