El teniente de alcalde de Urbanismo del anterior gobierno municipal barcelonés de CiU, Antoni Vives, ha pactado con la Fiscalía una pena de dos años de reclusión que evitaría su entrada en la cárcel, a cambio de declararse culpable de malversación de dinero público, prevaricación y falsedad documental a raíz de la contratación ficticia de un exalcalde del mismo partido. También se halla investigado en el caso del 3% por presunto pago de comisiones a Convergència a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Al pasar a la oposición su equipo de gobierno, Vives abandonó el acta de concejal para dedicarse a la empresa privada. No ha sido encausado por otra de sus decisiones que
