23 ene. 2012

La Ley de Costas estorba

La fiebre del tocho y la burbuja inmobiliaria contraatacan, sin haber aprendido ninguna lección de la crisis monumental. Dentro del primer paquete de medidas anunciado por el gobierno absoluto del PP figura la “revisión a fondo” de la Ley de Costas, impulsada en 1988 por la ministra de Medio Ambiente del gabinete de Felipe González, Cristina Narbona, tras décadas de una impunidad urbanística que salta a la vista en tantos lugares. 
A esta ley reguladora de la franja litoral, servidumbres de paso y franjas de protección “le tenían ganas” todos los poderes de derecha y de izquierda, también los ayuntamientos socialistas, quienes se han caracterizado por una
actuaciónidéntica en este terreno a la de los demás. La democracia no puso freno a los abusos constructivos y destructivos, a las aberraciones urbanísticas y las devastaciones inmobiliarias, a lo que yo denominaba en el titular de un artículo de opinión “la aluminosis medular de la construcción turística” (Avui, 12 de julio de 1991). La Ley de Costas se ha aplicado de forma muy relativa.
El 46’5 % de los 547 km de costa de Cataluña se encuentran hoy urbanizados, el porcentaje más alto de España. El litoral español representa apenas el 7 % del territorio, pero reúne al 44 % de la población y al 41 % del PIB, un bocado económico muy apetecible. Tan solo entre 2001 y 2005, en plena vigencia de la Ley de Costas, se construyó el 25 % de todo lo edificado en España los últimos dos mil años, a una media diaria de 140.000 metros cuadrados en primera línea de mar. El ritmo sostenido del embaldosado del litoral se duplicó durante la burbuja inmobiliaria. 
Una gran parte de la costa se ha convertido en un muro de cemento. En el Debate Costa Brava de 1976, Manuel Vázquez Montalbán lo calificaba de “muro de la vergüenza entre la tierra y el mar levantado Cara al sol”, sin imaginar que lo seguirían levantado al son de los Segadors. Ahora, en vez de hacer frente dentro de lo posible al enderezamiento de décadas de abusos, el gobierno neutraliza de entrada la Ley de Costas. 
El comentarista Antoni Puigverd escribía el 2 de noviembre de 2009 en La Vanguardia: “Si los medios de comunicación, en lugar de glosar las actuaciones de jueces y fiscales iniciásemos una investigación sistemática de los planes de urbanismo de los pueblos y ciudades de España, no sé si la sociedad podría aguantar lo que descubriríamos”. 
Hasta ahora lo hemos aguantado, por la vía de los hechos consumados.

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