28 feb. 2020

Aumento desbocado del precio de la vivienda: un escándalo y un volcán

Acaba de entrar en vigor en Berlín la ley que regula el aumento máximo del alquiler de pisos, aprobada por el ayuntamiento tripartito de izquierdas y recurrida  ante el Tribunal Constitucional por el gobierno conservador de Angela Merkel con la excusa de que se trata de una competencia federal y no municipal. Aquí permanece en el limbo la competencia legislativa del gobierno central en la materia, mientras todos reconocen que el precio de la vivienda se ha convertido en el principal problema que precariza más aun el futuro de la juventud mileurista y expulsa a las clases trabajadoras de la ciudad. Se han diagnosticado cincuenta mil formas de
poner freno al gran negocio privado, el libre mercado de una primera necesidad como la vivienda, que no ha vivido la misma democratización que la sanidad o la educación. La actual alcaldesa de Barcelona procede de los movimientos cívicos contra los desahucios, pero después de cinco años de mandato aun no ha logrado la regulación por ley de los alquileres en continuo ascenso.
El microscópico legado de los gobiernos anteriores en cuanto a volumen de vivienda de propiedad pública protegida es un hecho escandaloso, dado que Barcelona tiene cinco veces menos que la media de las ciudades europeas. Peor todavía: si la vivienda pública construida en Barcelona los últimos treinta años no hubiera revertido al mercado libre, un 40% del parque inmobiliario de la ciudad sería hoy de propiedad pública.
Más de 134.000 familias se encuentran en listas de espera para acceder a un piso de protección oficial (el doble que diez años atrás), mientras el número de estos pisos progresa a una velocidad ridícula. La complicidad del sector inmobiliario con la banca y la lentitud de la administración pública ha convertido la situación en volcánica.
El gobierno central, el autonómico y el municipal se juegan la credibilidad en esta regulación pendiente del aumento desbocado de los alquileres, dentro de un plan de choque a la altura de las circunstancias. Mientras tanto, deberían repetir sin cesar, como un castigo escolar, el redactado literal del artículo 47 de la Constitución vigente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

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