El conjunto del sistema económico es un paraíso fiscal de los ricos

El último escándalo de corrupción ha llegado esta vez de Europa, destapado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Luxleaks: el primer ministro de Luxemburgo y actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (en la foto), estableció acuerdos con 340 multinacionales para que declarasen sus beneficios en este pequeño país (0,5 millones de habitantes, 130 entidades bancarias distintas) y rebajarles el impuesto de sociedades del 22% vigente como media en los lugares donde en realidad operaban a un 2% de favor en el paraíso fiscal de acogida, con la consiguiente infracción a las haciendas públicas de
los demás. Se trata de un asunto de miles de millones de euros. En épocas anteriores tal vez habría pasado como casi normal. Actualmente exige depurar responsabilidades, más allá de los tecnicismos de “ingeniería fiscal” que sin duda aducirán los implicados.

Tras los recortes al Estado del bienestar, quedó claro que los impuestos (los pagados o los evadidos) son el principal instrumento de redistribución de la riqueza y que se han dejado de aplicar a los ricos igual como a los demás ciudadanos. En vez de recortes se servicios públicos, es preciso reformar democráticamente la fiscalidad para que sea de nuevo progresiva y no regresiva como ahora. Las diferencias sociales se reequilibran en alguna medida a través de los impuestos y los servicios públicos que de ellos se derivan. 

El pacto social democrático consistía en que los ciudadanos sostenían al Estado con sus impuestos y el Estado asegura los servicios necesarios (educación, sanidad, transporte, protección social), de modo que los contribuyentes recibiesen lo que pagaban previamente vía impuestos. Por consiguiente la estructura tributaria progresiva debería ser la niña de los ojos del sistema democrático, su sector más transparente y cuidadoso, aunque se haya convertido en el más injusto.
Los impuestos adolecen de una mala imagen histórica entre las escarmentadas clases trabajadoras porque el sistema fiscal ha sido con frecuencia indecente, ha invertido los términos entre la fiscalidad laboral y la patrimonial, ha gravado más el trabajo que el patrimonio, ha tasado más el dinero trabajado que las plusvalías del dinero acumulado, heredado o evadido. 

En el conjunto de España, según datos oficiales, el 86 % de los contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 10 millones de euros eluden sus obligaciones fiscales, así como el 45 % de los que ingresan entre 1 y 10 millones de euros. En vez de perseguir el fraude conocido, el actual gobierno decretó una nueva amnistía fiscal. 

Una moderna reforma fiscal y una actuación decidida contra la evasión es una de las pocas vías posibles para resolver las actuales deudas públicas. Desplazar una parte de la actual presión fiscal hacia las clases altas proporcionaría al Estado los mismos ingresos tributarios y estimularía la actividad económica de la más amplia clase media, lo cual repercutiría en mayor recaudación. Exigiría, eso sí, el coraje de recortar privilegios a los mejor situados en vez de recortarlos a los trabajadores, funcionarios y pensionistas. 

Hoy los paraísos fiscales se renuevan con toda tranquilidad. El intercambio de información fiscal entre los Estados europeos sigue sin ser una práctica habitual. No hay alianza fiscal entre los miembros de la Unión Europea, como no hay política unitaria en tantos otros aspectos. La unión monetaria europea es incompleta, la unión fiscal inexistente Sin unión fiscal no hay unión económica y el mastodóntico montaje de la Unión Europea cae en el ridículo. 

Algunos prestigiosos bancos son paraísos fiscales en sí mismos y han crecido con la crisis, como demuestran múltiples estudios. Uno de los más reconocidos, de la organización Tax Justice Network, estima que la cantidad de dinero evadido a paraísos fiscales representa hoy una cuarta parte de la riqueza mundial.

Las autoridades alemanas investigaron recientemente a los bancos suizos UBS y Julius Bär, sospechosos de trasladar fortunas alemanas depositadas en cuentas suizas hacia entidades bancarias del paraíso fiscal de Singapur, quien habría recibido de esta manera 500.000 millones de dólares. El presidente del Partido Social-demócrata alemán, Sigmar Gabriel, acusó a la banca suiza de utilizar métodos propios del “crimen organizado” para favorecer la evasión fiscal. El gobierno de Estados Unidos encargó una investigación sobre las principales empresas norteamericanas de capital riesgo por presunta participación en estrategias de evasión de impuestos. El volumen de corrupción, de juego sucio, es mucho más amplio en los países supuestamente virtuosos del norte, en proporción al tamaño de sus finanzas. 

Si no se depuran responsabilidades a raíz del último escándalo que afecta al presidente de la Comisión Europea, todo lo demás será simple cosmética aplicada por los mismos responsables de la situación con el objetivo de salvar sus intereses. No habrá ninguna salida a la crisis sin cuestionar, regular y controlar a los mercados financieros por parte de unos poderes públicos regenerados. 

Los recortes de los servicios públicos han significado severos costes humanos, privaciones y desmoralización, pero han rehuido la principal reforma pendiente: una regulación más eficaz de los mercados y una fiscalidad más justa. De cualquiera de las crisis disfuncionales del capitalismo solo se ha salido con intervenciones audaces de la administración pública para aumentar su capacidad de arbitraje en defensa de la mayoría, suponiendo que gobiernen personas y partidos interesados en tal objetivo. 

El problema no es tan solo el capitalismo especulativo, sino el engaño utilizado para convertirlo en pauta del nuevo sistema que desregula y privatiza el modelo democrático en clave neoliberal. Una crisis no es lo mismo que una demolición planificada, también puede servir para enderezar los errores, si se reconocen. Una crisis puede restablecer y poner al día mecanismos de funcionamiento social más justos. 

En vez de admitir que el sistema capitalista no es viable para la mayoría tal como ha funcionado las últimas décadas, la socialización con dinero público de las pérdidas bancarias se ha visto acompañada por una socialización de la culpa como forma de eludir las responsabilidades de los dirigentes y conducirlas hacia una redistribución a la inversa de la riqueza, una revolución conservadora que cuestiona la relación entre capital y trabajo, así como los derechos sociales y el propio concepto de bienes públicos. 

Es el experimento violento llevado a cabo los últimos años, escandaloso desde el primer instante, cuando comenzaron a atacar las rentas bajas en lugar de aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas. Ahora ya no basta con la alternancia en el gobierno de los partidos parlamentarios que han dirigido la situación. Ahora es preciso una alternativa. 

Salir de la crisis exige autocrítica, interacción social, referentes morales, denunciar la corrupción y las infracciones cometidas contra los valores fundacionales de cultura democrática, retornar a valores personales como la honradez o el esfuerzo y a valores colectivos como la justicia o la igualdad. Los trabajadores han teniudo que reconocer sus errores, como el consumismo a crédito, a través de los recortes. Sigue pendiente el reconocimiento de la quiebra de las elites, su codicia, su miopía, sus delitos. El grado de responsabilidad de los dirigentes no es el mismo que el de los dirigidos.
A raíz del último escándalo, el presidente de la Comisión Europea probablemente ofrecerá muchas explicaciones, cuando en realidad bastaría con una sola.