Los bancos de qué sirven, además de acumular beneficios y comprar favores

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El oficio de hacer correr el dinero a comisión se ha convertido en un conglomerado descomunal, una madeja infinita. Los beneficios acumulados por los bancos durante los últimos siglos han servido para comprar una imagen de respetabilidad al viejo y odioso oficio del usurero. Las dimensiones adquiridas por el sector adjudican una impresión de complejidad técnica al negocio tan simple de prestar dinero a interés, multiplicado con todo tipo de variantes que no alteran la simplicidad del mecanismo básico de la especulación. La función social de los bancos, basada en la
financiación de la economía real, la circulación del sistema de pagos y los depósitos de ahorro, ha arrinconado gradualmente a organismos públicos que podrían asegurarla igualmente.

Las trampas, fraudes y delitos cometidos a lo largo en la red financiera de tales dimensiones han llegado hasta romper el equilibrio del sistema económico general. Lo han decantado hacia la concentración de la riqueza en pocas manos en detrimento de las políticas redistributivas, de las medidas mínimamente niveladoras de las desigualdades sociales más estentóreas. 

En teoría los gobiernos democráticos y los organismos reguladores del Estado reequilibraban los excesos del mercado a través del control y la fiscalidad. La fiscalización y la fiscalidad han fallado, dentro de una connivencia incestuosa entre el sector público y el privado que puede llamarse corrupción, puertas giratorias o delincuencia de cuello blanco. La infiltración política y mediática del poder bancario ha alcanzado cotas consolidadas. 

La quiebra del banco norteamericano de inversiones Lehman Brothers destapó en 2008 una crisis mundial de las finanzas especulativas, con desenlace reconocido: los bancos que la causaron con prácticas corruptas y burbujas tramposas se vieron rescatados con dinero público. A cambio los gobiernos recortaron gastos en derechos laborales y servicios públicos. Hoy el 1 % de oligarcas son más ricos y poderosos, y el 99 % de los ciudadanos más pobres e impotentes. 

En Catalunya, la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Parlament en mayo de 2012, con los votos de CiU y PP, obliga a satisfacer en primer lugar los compromisos de la Generalitat con los bancos y, si le queda dinero, los contraídos con el resto de ciudadanos. 

El reparto del peso de la crisis no ha sido proporcional a las responsabilidades ni a las posibilidades de cada sector. Se ha pagado mediante el recorte de las economías particulares y la protección social, mientras el sistema financiero sigue nadando en la malformación de su opulencia y los organismos internacionales siguen mostrando sus carencias para hacer frente a la gobernanza económica mundial. 

El rescate con dinero público se basó en la necesidad de evitar la repercusión “sistémica” de la quiebra bancaria, en el principio “Too big to fail” (“Demasiado grande para hundirse”). No deja de ser una formulación maquillada del viejo refrán: “Si debes 1.000 € al banco tienes un problema, si le debes 100 millones el banco tiene un problema”. 

Pocos días atrás se divulgó que los técnicos del Banco de España avisaron en un informe enviado en 2011 al director general adjunto de Supervisión de este organismo sobre la posible quiebra de Bankia y el coste que tendría. El informe se vio ignorado, Bankia recibió autorización para cotizar en Bolsa y en 2012 fue declarada en quiebra, con un coste de rescate mediante dinero público de 22.424 millones de euros. El director general adjunto que decidió ignorar el informe, Pedro Comín, se mantiene actualmente en el cargo y ha sido ascendido a director general de Supervisión. 

Por poner un caso local, Catalunya Banc (nacido el 2010 de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa) fue declarado en quiebra e intervenido o nacionalizado en 2011 mediante una aportación de dinero público de 13.221 millones de euros. En aquel momento declaró 1.335 millones de pérdidas y en 2012 hasta 11.800 millones. Acto seguido traspasó los activos inmobiliarios “tóxicos” al banco malo de la Sareb, despidió a 2.450 empleados y declaró oficialmente 532,2 millones de euros de beneficios en 2013. 

Del dinero público inyectado, solo devolvió 300 millones. La entidad fue comprada por el BBVA, sin que figurase entre las condiciones de la venta regulada por el gobierno el retorno del dinero público recibido. El BVVA anunció que pensaba prescindir de 2.000 empleados más de Catalunya Banc (46% de la plantilla) y rebajar el sueldo a los subsistentes. 

Todos los miembros del consejo de administración de Catalunya Banc, encabezados por el presidente Narcís Serra y el director general Joan Todó, fueron imputados de administración desleal por la justicia en 2013, tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre la base de los incrementos de sueldo que se adjudicaron mientras la entidad recibía dinero público para evitar la quiebra. El caso sigue pendiente de juicio. 

Las ayudas a los bancos en quiebra con dinero de los contribuyentes han servido para reforzar el oligopolio en España de los cinco grandes (Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell y Popular). Desde 2008 han pasado de una cuota de mercado en el crédito del 46% al 67%. Prevén alcanzar el 90% después de la desaparición de medio centenar de entidades, 12.000 sucursales y 90.000 puestos de trabajo. 

El sector bancario no se ha visto penalizado por el comportamiento irresponsable o corrupto durante la burbuja financiera e inmobiliaria. Se ha visto recompensado con dinero de los contribuyentes: 107.913 millones de euros en el conjunto de España, según el Tribunal de Cuentas, restados de los servicios públicos recortados. 

Las operaciones de saneamiento han servido para sanear sus beneficios, no los mecanismos para obtenerlos. El resultado de la usura, la corrupción y la desigualdad se ve avalado por numerosos estudios. Uno de los escasos ingredientes democráticos salvado de esta crisis es la información, tal vez porque hasta ahora ha servido de poco frente al saqueo. 

El curso de la civilización no ha sido nada más que la lucha por sobreponerse a la ley de la selva, para compensar la ley del más fuerte con garantías a favor de la mayoría. El instrumento básico del sufragio universal se ha visto desviado, en unos períodos más que en otros, hacia un ejercicio sin incidencia suficiente en el gobierno real de los poderes fácticos que nadie ha elegido, fortificados tras la muralla del dinero y la falsa respetabilidad.